Intentan quitar a anciana una casa que compró hace 40 años

La mujer (80 años) compró su casa en 1977 y la registró en DDRR. Hoy enfrenta un juicio. Luis Enrique del Castillo Blanco reclama la propiedad de todo un manzano.

Evelina Céspedes viuda de Paz concluyó en diciembre de 2016 la construcción de su casa de dos plantas en Arani, Cochabamba. Ese mismo mes le llegó una citación fiscal acusándola de vivir por 40 años en un predio que no era el suyo. Para no entrar a la cárcel pagó una fianza, tiene arraigo y cada semana debe ir a firmar el libro  ante el Ministerio Público.
La anciana compró el terreno de su tía abuela en 1977 y lo registró en Derechos Reales (DDRR) en 1980. Hizo los trámites en la Alcaldía y pagó todos los impuestos, con lo que dio por sentado que todo estaba en orden. Sin embargo,  ella no supo que el 31 de agosto pasad  Luis Enrique del Castillo Blanco, suegro del hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, se hizo declarar heredero de su terreno y de todo el manzano.
En la denuncia que presentó a la Fiscalía de Punata, Del Castillo  afirma: “Mi persona es heredero a la sucesión de mis padres (…) conforme al testimonio  de la declaratoria de herederos mi madre Alicia Josefa Blanco Tardío  llega a ser la propietaria de un bien inmueble ubicado en la localidad de Arani, debido a su división y partición de los bienes dejados por su padre, mi abuelo (…), conforme consta el testimonio del 13 de mayo de 1946”.
Además, detalló que se halla registrado en Derechos Reales  bajo el código: “Fs 94 y partida 170 del libro primero de propiedad de la provincia de Arani (…) manzano 41”. El denunciante alega ser el dueño del predio de Evelina Céspedes y de otros inmuebles en el manzano.
La Alcaldía informó, según la denuncia, que el terreno en disputa tiene una superficie de 5.469 metros cuadrados y se encuentra entre las calles Abaroa, Obispo La Fuete, José Manuel Pando y la calle Oquendo y que ya se halla “fraccionado y habitado en plena posesión por varios propietarios e incluso algunos con planos aprobados por ese gobierno municipal”. Entre los habitantes figura el nombre de Evelina Céspedes y sus vecinos. Sin embargo, la denuncia fue hecha sólo a cuatro propietarios de inmuebles.  Ante este hecho, Del Castillo manifestó, en el documento presentado ante el Ministerio Público de esa localidad, que “con el afán de poder adueñarse de mi inmueble y/o lote de terreno han procedido a fraguar como falsificar documentación y así poder registrar en Derechos Reales minutas falsas, atribuyéndose un derecho propietario que no les corresponde”.
Además, Del Castillo Blanco respondió a un cuestionario de Página Siete  que “sin importar el tiempo,  no tenemos por qué renunciar a un derecho que legítimamente nos asiste. Nunca es tarde para reescribir la historia, cuando se reclama un justo derecho”.
La citación y el calvario
El 1 de diciembre, Evelina Céspedes recibió la citación de la Fiscalía para presentar su “declaración informativa” que debía realizar siete días después.
A través del documento se la denunció “por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado”.
“Esta citación nos llega a principios de diciembre y desde ese día comenzó este calvario”, dijo la hija de la acusada, Marisabel Paz. La casa es nuevita, ese mismo mes mi mamá la terminó de construir. Tiene tan sólo dos niveles; una planta baja y el primer piso. Dentro sólo se construyó una sala, una cocina pero cuenta con cuatro dormitorios porque cada Navidad la pasamos todos mis hermanos con mi mamá”.
“Mi madre tiene 80 años. A su edad debe ir a las audiencias y atender otros requerimientos”, agregó Paz. Con la ayuda de sus hijos, la mujer presentó ante la Fiscalía una solicitud de prescripción del proceso.
Desde la compra del inmueble pasaron 39 años y desde su inscripción en Derechos Reales 36 años y alegaron que, según el Código Penal, debía prescribir este proceso a los ocho años de cometido el supuesto delito.
Los argumentos legales y jurisprudencia en el caso no fueron suficientes y el juez Público Civil y Comercial de Familia N° 2 de Arani  rechazó esta solicitud y permitió continuar con el proceso legal contra la anciana y otras tres propietarias.
“Mi mamá ahora está con un arraigo, tuvo que pagar una fianza de 5.000 bolivianos para no entrar a la cárcel. No puede viajar a ninguna parte  y, lo peor,  debe ir todas las semanas a firmar el cuaderno ante el Ministerio Público. La tratan  como una criminal”, afirmó la hija. Además, la hija de la anciana dijo que Del Castillo “supuestamente goza de privilegios” por ser suegro del hermano de García Linera.
“No hay parentesco con el Sr. Vicepresidente   en absoluto. Más allá de ello, quiero que se sientan tranquilos porque la investigación está en manos de la Fiscalía, que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones se rige por los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, celeridad y transparencia”, afirmó Del Castillo mediante un escrito.
Sin embarogo, Del Castillo sí es suegro del hermano del Vicepresdiente del Estado.
Fuente: Pagina Siete
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