Jubilada cobra su pensión en una entidad bancaria. Foto:Archivo/ Página Siete

Gestora Pública no arranca, pero ya tiene elevados gastos


El ente estatal que reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) debía iniciar sus operaciones el pasado 15 de septiembre, pero su arranque fue pospuesto hasta marzo de 2019.

La Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo, llamada a sustituir a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) aún no arranca y no se espera que lo haga hasta marzo de 2019. Sin embargo, hasta el momento ha incurrido en grandes gastos, sobre todo para el desarrollo del software que usará y la contratación de consultores.

El ente estatal fue creado por  Decreto Supremo 2248 de enero de 2015, el cual fijaba su inicio de operaciones para  junio de 2016 en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 065 de Pensiones.

Posteriormente, el Decreto Supremo 2802 de junio de 2016 amplió el plazo en 18 meses, fijando el inicio de operaciones para el pasado 15 de septiembre.

Sin embargo, el pasado 20 de septiembre, mediante un decreto supremo, el Gobierno  decidió por segunda vez postergar hasta marzo de 2019 el inicio de operaciones de la Gestora Pública  de la Seguridad Social de Largo Plazo.

“Hemos aprobado un decreto en el que  hemos dado un plazo de hasta 18 meses para la Gestora, para que en ese plazo de 18 meses ya podamos empezar”, informó entonces  el ministro de Economía, Mario Guillén,  luego de la reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno.

Según la autoridad  el retraso en el traspaso de la  administración de las AFP a la nueva entidad es porque la migración de datos al software adquirido por la Gestora tuvo problemas por la elevada cantidad de información que tiene el sistema.

“Queremos darle seguridad a la gente que hoy (en) día aporta a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y la migración de datos tuvo problemas. Entonces no queremos presionar ni apurar, es por eso que le hemos dado un plazo de hasta 18 meses, queremos terminar antes de ese tiempo”, argumentó.

Gastos elevados

A pesar de no haber arrancado, hasta agosto, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo gastó  47 millones de bolivianos de los 80 millones que recibió como patrimonio inicial mediante el Decreto Supremo 2248, del 14 de enero de 2015.

Esta suma representa el 58,75% de los recursos asignados originalmente a la entidad estatal y el 23,5% del total recibido, tomando en cuenta que en marzo de este año recibió un fideicomiso  de 120 millones de bolivianos adicionales.

Los gastos más importantes de la Gestora hasta el momento corresponden a la contratación de la empresa SYSDE Internacional para el desarrollo del software de pensiones que utilizará la entidad (35,8 millones de bolivianos) y el pago de las tres consultorías por 24 meses, cada una por 2,5 millones de bolivianos, es decir, cerca a 104 mil bolivianos mensuales.

Sobre el software, el  ministro  Guillén, señaló que fue el más bajo de las ofertas recibidas. “(Durante el proceso de contratación) la Gestora identificó los ocho proveedores de software de pensiones más grandes de Latinoamérica y los invitó a presentar sus propuestas. De estos ocho, seis declinaron la invitación por tratarse de un trabajo importante y sólo dos se presentaron, Sysde International y una empresa colombiana”, explicó.

Por otra parte, Guillén señaló que  los tres contratos en ningún momento significan que los mismos recibirán pagos de 104 mil bolivianos mensuales. “Se trata de consultorías por producto, no es que a fin de mes se van a acercar a cobrar 104 mil bolivianos, ellos deben justificar sus pagos con avances”, precisó.

Sin embargo, los contratos estipulan claramente que los mismos recibirán los 2,5 millones de bolivianos en 24 pagos mensuales contra entrega de informes de avance de actividades.

“Los consultores tienen que emitir una factura y por eso van a pagar un 13% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), más un 3% de Impuesto a las Transacciones y el 25% de Impuesto a las Utilidades a la finalización del contrato”, recalcó.

Para la autoridad la remuneración que reciben los tres consultores está “debidamente justificada” y está a la par de lo que ganan los gerentes de las dos AFP.

“En las dos AFP, un gerente gana 137.850 bolivianos y el otro 108.300, a esto les suman todas las cargas que conlleva un trabajo asalariado y ese monto va a estar muy por encima”, anotó.

Sin embargo, de acuerdo con información a la que accedió Página Siete, sólo hay dos casos con este ingreso en las AFP y corresponden a los CEO (Chief Executive Officer).

Además, los montos a los que se refiere el Ministro son los totales ganados por estos CEO, no al líquido pagable.

Por lo que en vez de sumar las cargas como aporte a la seguridad social, aporte solidario e impuestos, estos deberían restarse a estos montos.

Página Siete reveló que estos tres consultores contratados por la Gestora trabajaban en una de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) que actualmente opera en el país, con sueldos de entre 28.000 y 35.000 bolivianos mensuales.

Contrataciones directas

La mayoría de los 23 ítems contratados por la entidad, de acuerdo con la base de datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se realizaron bajo la modalidad de contratación directa que suman 19.

Mientras que en la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y el Empleo (ANPE) fueron tres y una de las contrataciones se realizó por comparación de ofertas.

Además de las adquisiciones  de software y las consultorías, la lista del Sicoes registra el alquiler del piso 6 del Edificio Torre Montenegro por un monto mensual de  26.600 bolivianos  haciendo un total de 186.200 bolivianos  por siete meses de alquiler.

Por otra parte destaca la adquisición de un servidor de apoyo por  1,74 millones de  bolivianos  contratado directamente a la empresa Ingecorp SRL.

Para el equipamiento de las oficinas de la entidad estatal, se realizaron dos contrataciones de  adquisición de mobiliario.

La primera de ellas bajo  la modalidad ANPE, con las empresas Marelli Bolivia SRL y Atlántida SRL, por un monto superior a 395 mil bolivianos y una segunda compra bajo la modalidad de contratación directa a las empresas Atlántida SRL y La Cuisine SA  por más de 206 mil bolivianos, es decir, entre los dos contratos se llegó a un total de  601.907 bolivianos.

También se contrataron  empresas para la provisión de computadoras (dos contratos, uno por ANPE y el otro contratación directa) con la empresas Nahomi Representaciones, Fils Company y una persona particular por un valor total de 500.500 bolivianos.

COB culpa a tres instancias por el retraso

Para la Central Obrera Boliviana (COB), la responsabilidad en el retraso del inicio de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recae tanto en el Gobierno como en la empresa encargada del desarrollo del software y las AFP.

“El Gobierno no está asumiendo su responsabilidad de tomar medidas contra las AFP, que no cumplen con transferir la información de manera oportuna y ágil y la empresa de software que tampoco avanza a la velocidad que requiere este proceso”, opinó el secretario de Finanzas de la COB, Óscar Tapia.

Por su parte, el analista económico Alberto Bonadona considera que el retraso se debe a una mala planificación del Ministerio de Economía y a la falta de autonomía de la APS para señalar estos errores.

Según el analista, la Gestora no debió contratar el desarrollo de un nuevo software, sino utilizar el sistema que se encuentran actualmente en manos de las AFP para la gestión de los datos de los asegurados.

“Esta migración de datos no debería hacerse, es un proceso muy largo y difícil, porque se trata de hacer convivir dos plataformas distintas en una tercera, cuando lo que se debió hacer es mantener las plataformas”, dijo.

Según Tapia, la migración de la información de las AFP a la Gestora está en un 30%, de acuerdo con la información que recibieron del Gobierno. Mientras que en el resto de procesos administrativos necesarios para el funcionamiento de la entidad estatal se tiene un avance del 95%.

Tapia indicó que los trabajadores están de acuerdo con que la puesta en marcha de la Gestora se postergue; sin embargo, consideran que 18 meses es un plazo exagerado.

Fuente: Página Siete


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