La discoteca Planta Baja atacada tras el hallazgo de los cuerpos de Carla y Jesús. Hoy está cerrada.

Cien locales que fueron cerrados aún funcionan


La clausura es emitida por la Alcaldía y debe ser controlada por la Policía; pero la institución del orden sólo actúa a partir de denuncias o solicitudes y éstas no le llegan.

De los 103 bares, discotecas, karaokes  y licorerías  clausurados definitivamente en el Centro de La Paz, la mayoría -sino todos- sigue en funcionamiento. La Alcaldía, que aplica la medida a causa de reiteradas infracciones  de los locales, no se encarga de hacerla cumplir y delega esta responsabilidad a la Policía. La institución del orden, sin embargo, no recibe la denuncia de autoridades ediles. Pese a las normas vigentes, no hay coordinación entre instancias policiales y municipales.

En la calle Figueroa funcionaba la discoteca Planta Baja. Allí Carla Bellot y Jesús Cañisaire fueron a recibir el Año Nuevo, el 1 de enero, y no se supo de ellos sino 19 días después cuando sus cuerpos aparecieron  en un embovedado del río Orkojahuira.

En esa misma calle, cerca a la plaza Alonso de Mendoza, funcionaba en 2016 la discoteca Dúo. En febrero de ese año una pareja denunció haber sido dopada y ella secuestrada y violada. Poco después una joven dijo que ella también fue pildoreada, abusada sexualmente y raptada. El administrador, principal acusado, fue eximido de culpa por la justicia.

También en 2016, el propietario del club nocturno Katanas, Marco Cámara, fue denunciado por los delitos de trata y tráfico supuestamente perpetrados en ese night club. El local fue demolido y el proceso está en curso.

Tanto Dúo como Planta Baja y Katanas funcionaban sin licencia y habían sido clausurados definitivamente. A propósito del primer caso, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, declaró entonces:  “lamentablemente no se llega a un acuerdo con la Policía en los operativos para arrestar a los responsables de los locales que incumplen sanciones”.

Actualmente en la  calle Figueroa trabajan  pese a tener clausura definitiva  el bar restaurant El Galeón y su vecino El Nuevo Galeón o el club nocturno Las Conejitas. En la misma situación de ilegalidad funcionan decenas de locales en el Centro paceño, algunos muy populares como Doña Chela, Mongos o Pa’Goza (ver lista).

Clausura y control

El artículo 299 de la Constitución Política del Estado define  la seguridad ciudadana como una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. La Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece: Los municipios tienen la atribución de formular y ejecutar planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana (artículo 11). La Policía Boliviana debe apoyar a los municipios en el control de consumo de bebidas alcohólicas y otras tareas de seguridad ciudadana (artículo 26).

La recientemente promulgada Ley municipal 263 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas regula el funcionamiento discotecas, restaurantes, karaokes, night clubs, peñas, salones de eventos, licorerías, supermercados y tiendas de barrio. Establece  los requisitos que deben cumplir estos locales para obtener  licencia; entre ellos, expender bebidas no adulteradas, restringir el ingreso de menores de edad, tener cámaras de seguridad y cumplir horarios.

De no cumplir estos requisitos, los locales multados  serán suspendidos por 10 días y si son reincidentes serán clausurados. “La secretaría municipal de Seguridad Ciudadana es la responsable de planificar, coordinar y supervisar las inspecciones de control a los establecimientos. La Policía  debe apoyar las gestiones del GAMLP en cuanto las inspecciones y en tareas relacionadas a la seguridad ciudadana”, explica Marco Ayala, director del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana.

El artículo 28, parágrafo II, de la Ley edil 263 establece: “El incumplimiento flagrante a la clausura definitiva del establecimiento impuesto por los gobiernos autónomos municipales, se entenderá como contravención por desobediencia a la autoridad, debiendo la Policía Boliviana proceder al inmediato arresto, hasta de ocho horas, del propietario del establecimiento”.

No obstante, la Policía sólo actúa en dicho caso a partir de   denuncia o  solicitud que no le llega de instancias ediles. “No podemos actuar  sin denuncia. La Policía interviene en caso de hechos delictivos, no administrativos, y no nos han hecho llegar la lista de locales ilegales”, dijo el  director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Jhonny Aguilera.

“Nuestra función es administrativa, el gobierno municipal impone sanciones administrativas a los locales, clausura temporal, definitiva, dependiendo del grado de infracción. Cuando se clausura un local de manera definitiva, según la ley nacional de Expendio de Bebidas  Alcohólicas, es la Policía la que tiene que proceder al arresto de los responsables del local por incumplir una sanción  administrativa municipal”, declaró el alcalde  Revilla.

El pasado martes, la comuna presentó la lista de 103  locales clausurados en el Centro; no así de los boliches ilegales ubicados en los demás macrodistritos  (Sur, Periférica,  Cotahuma, Max Paredes, Mallasa,  Zongo y Hampaturi). Cada una de las nueve subalcaldías es responsable de controlar los locales en su jurisdicción. Esos datos no están centralizados.

Según el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana,  900 discotecas, pubs y karaokes funcionan de manera legal en todo el municipio. No se sabe cuántos abren  de manera ilegal.

“Si la Alcaldía detecta irregularidades debe pedir apoyo a la Policía para que aplique el tema coercitivo porque la guardia municipal no lo puede hacer. Así habrá  coordinación sin duplicidad de funciones. No es obligación de la Policía ir a establecimientos y ver su licencia, aunque sí debe verificar la existencia de cámaras de seguridad”, aseguró Ayala.

Urgente coordinación

“Nos hemos enterado de la lista de locales ilegales por la prensa y hemos solicitado  una reunión con autoridades ediles. Se ha dado en buenos términos. Estamos dispuestos a controlar los boliches ilegales pero necesitamos información”, aseguró el jefe de la división Propiedades de la FLCC La Paz, mayor Juan José Millán.

También se realizarán operativos con el comando departamental tras reuniones de coordinación, confirmó el  secretario municipal de Seguridad Ciudadana, coronel José Luis Ramallo.

El alcalde Revilla anunció que  promoverá una reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Para que coordinemos mejor estos mecanismos de comunicación entre la Policía y nuestras  subalcaldías.  Necesitamos que la Policía establezca un  protocolo muy claro de cómo recibe la información y cómo inmediatamente actúa respecto a las sanciones de clausura definitiva que tiene el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, dijo.

Punto de vista

Marco Ayala,  Observatorio  de Seguridad Ciudadana

“Ciudadanos deben tomar conciencia y no exponerse en boliches ilegales”

La seguridad ciudadana es un tema de todos, no sólo de las instancias municipales y policiales. Cada persona debe tomar conciencia de ello y no exponerse a situaciones de riesgo como el consumo desmedido de bebidas alcohólicas.

De acuerdo a  normas nacionales y municipales, debería haber un trabajo mancomunado entre  el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, en este caso los municipios, para el control de discotecas. karaokes, pubs, night clubs, licorerías y similares.

La secretaría municipal de Seguridad Ciudadana es la responsable de planificar, coordinar y supervisar las inspecciones de control a los establecimientos. La Policía también debe apoyar al GAMLP en cuanto las inspecciones y en tareas relacionadas a la seguridad.

Según la norma, cuando la sanción municipal a un local sea la clausura, tanto definitiva como temporal, se procederá al desalojo y cierre inmediato. La clausura se impone mediante Resolución Administrativa, que debe ser notificada, y se ejecutará colocando precinto de clausura en el establecimiento. Si la clausura es definitiva, se retirará la licencia.

Cuando la clausura es temporal, será por 10 días. Cuando la clausura es definitiva y se revoca la licencia, se da de baja la actividad económica, previa cancelación de adeudos. La imposición de esta clausura definitiva implica la imposibilidad del funcionamiento de otro establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas en el mismo inmueble por el lapso de dos años.

Es importante también que los locales cumplan con otros requisitos para la seguridad como contratar personal acreditado, para meseros por ejemplo; y tener una empresa de radiotaxis garantizada para transportar a los clientes. Los ciudadadanos deben exigir las licencias de los lugares a los que asisten.

Fuente: Página Siete


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