TCP frena matrimonio entre quienes cambiaron de género

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una frase del parágrafo II, artículo 11 de la Ley de Identidad de Género que fue promulgada en 2016.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucional el “cambio de datos de sexo” de las personas que cambiaron de identidad de género pero  les negó  la posibilidad de casarse y adoptar niños.
Esta segunda parte causó molestia a la presidenta de Diputados y al grupo LGBT que se manifestó anoche en plaza Murillo.
La sentencia 76/2017 declaró inconstitucional una frase del parágrafo II, artículo 11 de la Ley de Identidad de Género: “…permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales…”. Pero mantiene la posibilidad del cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen en todos los documentos emitidos en los que exista registro de identidad.
El diputado Horacio Poppe (PDC), que presentó la acción de inconstitucionalidad contra esta norma, afirmó que “pueden cambiar de nombre de identidad de género, carnet de identidad, todo aspecto, pero no tienen derecho al matrimonio, adopción y crianza de hijos”.
La norma fue aprobada el año pasado y permitió a decenas de personas cambiar su identidad. Es más, Luna Humérez,  la joven alteña de 26 años   se casó     el  30 de diciembre pasado con su novio, con quien llevaba más de dos años de relación y se constituyó el primer matrimonio homosexual. Sin embargo, esa unión quedó anulada como explicó el abogado constitucionalista Antonio Gantier. “Quedó anulada de pleno derecho, como nunca hubiese existido toda vez que se fundamentó en una norma inconstitucional (…) habiéndose apoyado en un falso criterio”, declaró el jurista.
Luna, inmediatamente  después publicó en las redes sociales: “¿Ayuda de alguien? ¡Al parecer se  anuló mi matrimonio en mi país! Demandaré al Estado boliviano y la TCP por vulneración de derechos”, anunció.
Esta advertencia la replicaron decenas de personas LGBT anoche en la plaza Murillo. “Han sacado la inconstitucionalidad de un artículo, pero lamentablemente vulneran nuestros derechos fundamentales, si esta ley fue luchada para obtener derechos fundamentales y hoy, el Tribunal nos quita estos derechos”,  dijo la activista Támara Nuñez.
El abogado Gantier afirmó que el resto de sus derechos se mantienen porque están inscritos en la Constitución. “Que el Tribunal haya declarado inconstitucional la frase, no significa que se les quita sus derechos. Lo que hace es controlar la sintaxis y que no dé lugar a malas interpretaciones”, afirmó. Por tal razón mantienen derechos a un trabajo, participación política y otros que están en la Constitución.
La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño también se manifestó en contra. “Me parece un retroceso enorme en temas de derecho. Lo que hace es limitar los ejercicios de derechos laborales, civiles y políticos”, dijo.
Fuente: Página Siete