Luego de una investigación de Página Siete, el Ministerio de Salud, la CNS y la Policía intervinieron las unidades contra el cáncer de los hospitales de Clínicas y Obrero.
Ante las constantes denuncias de cobros irregulares, ayer cerca del mediodía, efectivos de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervinieron las Unidades de Radioterapia del Hospital de Clínicas y del Hospital Obrero, este último pertenece a la Caja Nacional de Salud. Hay 12 personas arrestadas.
“Son 12 personas arrestadas, seis del Hospital de Clínicas y seis del Hospital Obrero”, informó el director de la FELCC, Jhony Aguilera, quien detalló que entre los aprehendidos están administrativos, técnicos y médicos de las unidades de Radioterapia de los dos nosocomios.
El jefe policial indicó que todos los arrestados realizaron sus declaraciones. Añadió que luego serán derivados al Ministerio Público. “También se secuestró documentos que luego serán analizados para fines investigativos”, acotó Aguilera.
Los funcionarios fueron arrestados por los delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón de cargo.
La autoridad aseguró que ya se recibió la lista de todo el personal de ambas unidades y si alguno no fue arrestado será convocado a declarar a través de la Fiscalía.
Aguilera contó que la intervención a ambos nosocomios fue coordinada con sus autoridades debido a “una serie de reportajes que publicaron los medios de comunicación y en los que las víctimas relataron que pagaron de forma particular y los fondos fueron a parar a bolsillos de particulares”, resaltó.
Horas antes, la ministra de Salud, Ariana Campero, informó que se organizaba la investigación junto a la Policía. “No permitiremos que nadie haga un mal uso de bienes del Estado, pero tampoco que haya estafas a los pacientes, más aún con personas que están tan delicadas porque sufren cáncer”, apuntó.
Desde el pasado 29 de abril, Página Siete publicó una serie de reportajes de investigación. La primera nota reveló la historia de una paciente que denunció cobros irregulares en Radioterapia del hospital de Clínicas. El drama de la paciente destapó un caso de corrupción en ese nosocomio. Según la víctima, el radiooncólogo A. Q. le cobró 8 mil bolivianos en su consultorio privado para hacerle un tratamiento de radioterapia en el hospital público, pero luego le exigió otros 4 mil bolivianos por sus resultados.
Ante esta situación, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) realizó una investigación y halló indicios de responsabilidad en cuatro funcionarios y el galeno. Por esa razón, se presentó una querella por el delito de uso indebido de bienes del Estado ante la Fiscalía.
La defensa de la paciente presentó el lunes otra denuncia por otros cuatro delitos: enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, lesiones gravísimas, estafa y supresión y destrucción de documentos.
Días después, Página Siete publicó otro reportaje sobre otras dos quejas contra el mismo galeno por tráfico de pacientes del Hospital de Clínicas al Obrero. Según las víctimas, pagaron entre cinco mil y 1.800 por el tratamiento de Radioterapia en el nosocomio del seguro a corto plazo. Ellos informaron que entraban a la unidad por la puerta de Emergencias y los técnicos les hacían el tratamiento.
Al respecto, el gerente nacional de la CNS, Juan Carlos Meneses, lamentó que por malos funcionarios, “por tercera vez en la CNS se tenga personas arrestadas ligadas presuntamente al servicio de radioterapia”.
El gerente regional de La Paz, Williams de La Barra, indicó que por el mal uso de los aparatos, el equipo de cobaltoterapia se averió. “Por eso la investigación se hará desde hace 20 años”, dijo.
Este medio publicó otra nota que reveló la denuncia de cinco pacientes con cáncer, quienes mostraron sus facturas e indicaron que el hospital hacia cobros individuales de hasta 1.320 bolivianos por el uso del simulador, un aparato que está en desuso en la Unidad.
Según el director del SEDES, Freddy Valle, este equipo no funcionaba desde hace 16 años. La Unidad de Radioterapia atendió a más de cuatro mil pacientes en esa sala durante ese periodo. Por ese motivo, se anunció la investigación sobre ese nuevo caso.
Campero dijo que no se debe esperar a que casos como éste sucedan, ya que para eso se tiene autoridades. “Ellos deben controlar que se usen los bienes del Estado de forma adecuada”, dijo y sostuvo que está segura que no todos los médicos de ese servicio están involucrados en el tema. “Pero hay que denunciar e investigar cuando se evidencie y sospeche este tipo de circunstancias”.
Luego de conocer las quejas, la Asociación de Familiares y Pacientes con cáncer se declaró en emergencia y presentó su denuncia ante las autoridades de Salud para identificar a los funcionarios que cometieron esa estafa y atentaron contra la salud de los enfermos.
La asesora jurídica del Ministerio de Salud, Paola Pinto, sostuvo que “se realizó la intervención al Hospital de Clínicas, donde aparentemente se atentó contra la salud de las personas con cáncer”.
Fuente: Página Siete
