Procesan a juez por detención domiciliaria a exgerente de TV

El Ministerio de Justicia y Transparencia denunció ayer ante el Ministerio Público a la juez Melina Lima, del Juzgado Cuarto Anticorrupción, por el presunto delito de prevaricato al favorecer “arbitrariamente” con detención domiciliara a exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, investigado por corrupción en la adjudicación de licitaciones, por montos que suman hasta 25 millones de bolivianos.

EL DIARIO se apersonó al juzgado de la juez Lima para realizarle consulta sobre la denuncia en contra suya, pero se informó que la misma se encontraba ocupada en la elaboración de resoluciones, por estar en suplencia de otros juzgados.

DENUNCIA

“Hemos presentado una denuncia formal contra la juez Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, por el delito de prevaricato. Asimismo, activamos de forma legal y contundente la apelación para revertir esa detención domiciliaria de Portocarrero”, informó en conferencia de prensa el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez.

La autoridad mencionó que a criterio de los abogados del Viceministerio, presentes en la audiencia del 27 de septiembre, donde la juez Lima modificó la detención preventiva de Portocarrero, que se encontraba en el penal de Patacamaya, a una detención domiciliaria con salida laboral, se incurrió en una acción arbitraria.

Señaló que en materia jurídica, a criterio del Viceministerio de Transparencia, Portocarrero no se desvirtuó los riesgos procesales (de fuga y obstaculización a la investigación) y que la juez Lima basó su determinación en documentos que fueron adquiridos antes de que el imputado fuera procesado.

“De forma totalmente arbitraria, la juez Melina Lima le ha concedido medidas sustitutivas a Portocarrero, incluso concede más allá del pedido del propio imputado y concede horarios y salidas de trabajo”, detalló Jiménez.

Consultado por nuestro medio si la denuncia no atenta contra la independencia del poder judicial, el director nacional de lucha contra la corrupción, César Romano, afirmó que el accionar de la juez vulneró los límites establecidos por la norma, en cuanto se refiere a la legalidad y objetividad.

“Cuando estos límites son transgredidos de manera muy evidente, muy grosera, significa que ha existido una descontextualización de carácter legal para emitir una resolución judicial”, afirmó Romano.

Explicó que este hecho, al margen de haber planteado la apelación, la resolución va en contra de la ley. Detalló que Portocarrero presentó un certificado médico que no establece con precisión una dolencia física, documentos relacionados con el inventario de los equipos de 2015, además de actas de declaración de imputados, pero todo, de antes de que se presentara la denuncia en su contra.

DEFENSA

Por su lado, Mónica Ramírez, abogada del exgerente del canal estatal, señaló que existen muchas incongruencias, como el decir que los equipos comprados no están y luego aparezcan con otros códigos en las instalaciones.

Ramírez señaló que en el proceso de investigación se fue esclareciendo el caso y se verificó que los equipos adquiridos, mediante el mencionado proyecto, están en ambientes de Bolivia TV, solo con otros códigos, lo que certifica que fueron entregados.

Portocarrero estuvo recluido en el penal de Patacamaya cerca de 70 días, imputado por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, al autorizar el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo, por 25 millones de bolivianos.

Mencionó Portocarrero que los 25 millones de bolivianos los tiene la empresa Autored SRL. “Es lo que también ha cuestionado la defensa técnica, que por qué no se los ha imputado a los encargados de la entrega de este proyecto, si dicen que hay contratos lesivos al Estado”, apuntó.