Pesquisas en al menos 7 casos que involucran a oficialistas no avanzan

El exdirigente indígena Fernando Vargas, víctima de la represión en Chaparina, manifestó que la justicia “sólo es utilizada para encarcelar a los líderes indígenas y a los críticos al Gobierno”.

En al menos siete  procesos que involucran a autoridades del gobierno del MAS, las investigaciones quedaron “congeladas”. En algunos casos pasaron más de 10 años y las pesquisas aún están en la etapa preparatoria.

A diferencia del caso mochilas -en el que en menos de un mes, el  juez dictó detención domiciliaria  y prohibió al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, tener contacto con los funcionarios del municipio-,  está el caso de La Calancha.

En Sucre, en noviembre de 2007,  universitarios se  movilizaron contra la aprobación de la nueva Constitución y fueron reprimidos por efectivos policiales. Tres personas murieron por disparos.

El 31 de julio de 2008, el entonces fiscal general, Mario Uribe, presentó un requerimiento acusatorio en contra del exministro de Gobierno, Alfredo Rada, ahora ministro de la Presidencia, y altos exjefes  policiales.

El caso fue remitido al entonces Congreso Nacional, para que autorice el juicio de responsabilidades.

Pasaron 10 años y  el caso sigue en la Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene  mayoría.

También está el caso Caranavi, en el que dos personas fallecieron en mayo de 2010, cuando la Policía desbloqueó la vía que une a esa localidad con La Paz. Aún no hay imputación en la causa.

Un año después, el 25 de septiembre de 2011 se registró  la represión policial a la marcha indígena que rechazaba la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, atravesando el  TIPNIS.

“No hay ninguna acusación. La Fiscalía archivó el caso, no avanzó nada; por el contrario, el Gobierno premió a Sacha Llorenti como embajador en la ONU. La justicia sólo es utilizada para encarcelar a los líderes indígenas, a los críticos al Gobierno”, sostuvo el exdirigente indígena Fernando Vargas.

Otro  es el caso de presunta corrupción en Bolivia TV, que “tiene cero avances”, luego de la detención preventiva, en el penal de San Pedro, del exgerente del canal estatal, Gustavo Portocarrero.

“Mi caso tiene cero avances tras mi detención. La Fiscalía debería investigar antes de encarcelar a cualquiera. Creo que es ilógico encarcelar y recién investigar la denuncia. Si tengo 25 millones de bolivianos  como me acusan ¿dónde están? O sólo es una cortina de humo”, dijo Portocarrero.

Por otro lado, también  está el caso del vicepresidente Álvaro García Linera, quien en cinco documentos oficiales figura como licenciado en Matemáticas. La bancada de Unidad Demócrata (UD)  en dos oportunidades denunció al Segundo Mandatario por supuesta falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, pero la Fiscalía no admitió la denuncia con el argumento de que debe ser una comisión del Legislativo la que derive un informe.

Casos municipales

Por el caso del puente colapsado en 2015, que generó una pérdida de al menos 11 millones de bolivianos, tres fiscales presentaron la acusación formal contra Edwin Castellanos, exalcalde del MAS, quien se defiende en libertad.

El viernes se conoció un audio que revela  una  conversación en la que  supuestamente el  fiscal  de Distrito de Cochabamba, Óscar Vera,  presiona y ordena a  otros fiscales de materia para favorecer a  Castellanos. El audio fue presentado por asambleístas de  UD.

Otra de las autoridades del MAS que afronta denuncias por presunta corrupción es el alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, quien gobierna desde  Warisata.

El concejal Víctor Salas Huallpa, de Achacachi,  dijo que más de un año después, la Fiscalía recién  convocó a Ramos  para que preste su declaración informativa. “Se presentó ante la Fiscalía y se acogió al silencio. Lo dejaron ir y nosotros seguimos peregrinando por justicia”, dijo Salas, quien espera que la Fiscalía emita pronto la orden de aprehensión.

Revilla lamenta que no avancen procesos contra masistas 

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien se considera un perseguido político desde el día siguiente que asumió el cargo,  lamentó que casos de corrupción que involucran  a autoridades del MAS no tengan la misma celeridad que el caso de su colega de Cochabamba, José María Leyes.

Revilla hizo referencia a la causa del alcalde de Achacachi, Édgar Ramos (MAS), sobre quien pesan cuatro denuncias penales  por presunta malversación de recursos públicos e incumplimiento de deberes.

Las demandas fueron interpuestas en 2017 por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Achacachi, por los concejales Antonio Chambi y Víctor Salas.

En ese sentido, pidió que en el proceso contra Leyes se “sigan los procedimientos, que se respeten sus derechos como corresponde y que la Alcaldía mantenga la institucionalidad”.

Revilla dijo que la persecución política en su contra se materializó a través de 40 denuncias  que “no siguieron su curso, porque no tenían asidero real ni legal”, señala una nota de prensa de la Alcaldía.

La última denuncia contra Revilla  está referida a un presunto favorecimiento a una empresa por los buses PumaKatari.

Punto de vista
Iván Arias  Analista político

La ley se aplica para unos y no para otros

Al señor Leyes lo meten a la cárcel, le dan arresto domiciliario, le prohíben hablar con funcionarios de la Alcaldía y eso es realmente aislarlo.

En cambio, a un alcalde que fue acusado por un delito similar no le aplican ninguna de estas medidas, igual sigue trabajando en la Alcaldía. Es el caso de Édgar Ramos, el alcalde de Achacachi, acusado  de corrupción por su gente.

Los pobladores de Achacachi se movilizaron  por varias semanas y sólo los dirigentes que denunciaron los actos de corrupción, que se movilizaron,   fueron a la cárcel, pero hasta ahora   no pasa nada con el alcalde Édgar Ramos.

¿Dónde está la Ley? ¿Por qué no le aplican el mismo criterio? Lo mismo sucede con los alcaldes de Chulumani, de La Asunta, Irupana, que están en problemas y el Gobierno no hace nada. Estos alcaldes siguen emitiendo cheques,  contratando gente, siguen gobernando.

Entonces, la ley se aplica para unos y no para otros.

Otro ejemplo es el Fondo Indígena, caso Chaparina, caso Caranavi, en el que los responsables gozan de libertad.

Señores del Gobierno,  luchen contra la corrupción, pero apliquen la misma ley para todos, que la ciudadanía les pasará la factura si continúan con este tipo de acciones.

Fuente: Página Siete

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