Son propuestas de juicios de responsabilidades en su contra. Algunas tienen más de cinco años sin una resolución y los plazos vencidos. Mirtha Camacho, con 13 denuncias, es la que más procesos acumula
En seis años de trabajo en el Tribunal Constitucional Plurinacional, los siete juristas que tienen en sus manos la repostulación de Evo Morales y de Álvaro García Linera acumulan 65 denuncias en su contra, a la espera de una resolución del Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados.
Desde 2012, esa instancia ha acumulado procesos en contra de Mirtha Camacho (13), Efrén Choque (8), Ruddy Flores (7), Macario Lahor Cortez (11), Oswaldo Valencia (10), Zenón Bacarreza (9) y Neldy Andrade (7). Así consta en un informe del Comité de Ministerio Público realizado en septiembre, en el que se dejaba asentado que en la mayoría de los casos la comisión había excedido sus plazos para pronunciarse sobre las propuestas de juicios de responsabilidades. Además apuntaba la falta de un asesor jurídico experto en derecho penal. EL DEBER intentó en dos oportunidades conocer la versión de los magistrados en Sucre, pero no hubo respuesta.
Los jueces del TCP prefieren no mostrarse públicamente y no hablar de los procesos en su contra ni de los cuestionamientos a sus fallos. La semana anterior, desde la oficina de relaciones públicas del TCP, se señaló que ninguno de los magistrados se referirá a los procesos en su contra en la Asamblea.
Desde Diputados se conoció que algunos magistrados fueron convocados a declarar en la ciudad de La Paz, pero los tribunos pidieron la suspensión de la misma, alegando que tienen un evento académico en Cochabamba.
Sin presupuesto
Según el diputado Víctor Borda (MAS), ya se ha comunicado la falta de un abogado penalista a la presidencia de Diputados, pero le han respondido que no hay presupuesto. Explica que solo cuentan con un abogado como apoyo, que gana un sueldo de Bs 5.000 y no tiene la especialidad en derecho penal. Aseguró que la demora en los procesos se debe a que los anteriores miembros del comité no procesaron rápido las denuncias, que los denunciados no fueron a prestar su declaración informativa y presentaron recursos para demorar los plazos.
El comité, como toda la Cámara Baja, está bajo el control de diputados del Movimiento Al Socialismo. En cada uno de los casos debe definir si los rechaza, los pasa a la Fiscalía u ordena su enjuiciamiento a través del mismo legislativo, como hizo con los magistrados Gualberto Cusi, Soraide Chanez y Ligia Velásquez, que primero fueron suspendidos y luego enjuiciados por declarar inconstitucionales algunos artículos de la Ley del Notariado.
Según la diputada Norma Piérola, parte de este comité, mucho de los casos ya han sido tratados, pero no se ha tomado una decisión congresal sobre el destino de estos. Incluso hay tribunos con orden de aprehensión para obligarlos a presentarse a declarar, pero no se ha cumplido.
El problema político
Así, los actuales tribunos constitucionales deberán fallar sobre una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por algunos de los que tienen en sus manos juzgarlos o absolverlos.
A poco más de 70 días de terminar su mandato, Borda no cree que ninguno de estos casos derive en juicio de responsabilidades, como sí sucedió con Cusi, Chanez y Velásquez. Lo más probable, según el masista, es que el Comité decida en enero que todos los casos sean investigados por la Fiscalía, donde los magistrados, ya sin fuero, deberán defenderse.
Es por esto que no considera que el doble rol de los tribunos (acusados y dirimidores de una demanda presentada por sus ‘fiscales’) pueda influir en el fallo sobre la reelección.
No opina lo mismo el analista Gustavo Pedraza. Piensa que está claro que hay un favorecimiento hacia los magistrados, por eso sus procesos están paralizados. “Otra explicación no se puede encontrar”, aseguró.
Para él -es abogado de profesión, con una especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard-, esto puede ser un fundamento para demandar la ilegalidad de cualquier fallo referido a la repostulación que emane del Tribunal Constitucional. No considera que sea normal ni legal que una autoridad competente pueda emitir un fallo en el que los demandantes pueden ser sus acusadores en otros procesos. Menos aún en un proceso de primer orden, como la posibilidad de que las principales autoridades del país adquieran derechos constitucionales para presentarse a reelecciones sin restricción de mandato. “El fallo que vayan a emitir estará bajo sospecha sea cual fuere el resultado. Esto agrava la situación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hay una contradicción muy clara y, desde todo punto de vista, están inhabilitados para tratar una denuncia de esta naturaleza”, opinó el abogado y analista político.
Denuncias masivas
De las 73 denuncias que le quedan por investigar al Comité, 46 corresponden al Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, el TCP acumula el 63% de las demandas que llegan a la Asamblea Legislativa contra el Órgano Judicial, que además está integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Muchas de las denuncias son colectivas, por lo que entre todos los juristas que han pasado por ese tribunal en los últimos seis años acumulan 96 procesos, 65 son contra los tribunos que actualmente integran el TCP, 18 corresponden a los jueces destituidos (Cusi, Chanez y Velásquez) y otras ocho son contra jueces liquidadores.
En el informe al que tuvo acceso EL DEBER también se consignan los casos que han sido resueltos por este comité. Son siete y datan de entre junio y agosto de este año. Seis de ellos son resoluciones de remisión a la justicia ordinaria (cuatro contra la exconsejera de la magistratura Cristina Mamani, una contra la extribuna Ligia Velásquez y otra contra Cusi) y una recomendación de rechazo, sobre un proceso contra el juez supremo Jorge von Borries.
Fuente: El Deber
