El clan Obrero traficaba servicios hace más de cinco años

La CNS investiga otros servicios del nosocomio porque presume que hay más involucrados. Afirma que el clan reemplazaba a los asegurados por particulares.

La red de médicos y técnicos del Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS),  que cayó el martes porque operaba en   el desvío de insumos de laboratorio   hacia clínicas privadas,  vulneró al menos tres sistemas de seguridad para atender a particulares en dependencias del nosocomio. La  Fiscalía afirmó que este grupo  actúo  de esa forma desde hace unos cinco años.
“Hemos recibido la denuncia en abril e inmediatamente  procesamos  la información y luego de  20 días  presentamos la denuncia ante la Fiscalía, el 2 de mayo, pero  en septiembre fue rechazada”, afirmó  el gerente general de la CNS, Juan Carlos Meneses.
La autoridad contó que una vez que se supo de la denuncia, se hizo un análisis  de por qué existían largas filas  de pacientes, pero en los sitios estadísticos sólo se reportaba una producción de 50% y por qué la institución gasta costos elevados en reactivos e insumos para esa unidad. Durante la investigación  se detectó la venta de servicios.
El martes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió y arrestó a 13 personas, entre médicos y técnicos del laboratorio de Patología del nosocomio, tras una intervención que se realizó. En el lugar  se hallaron una orden de examen de la Clínica Sagrado Corazón y  hojas de comparación de sangre de una persona no asegurada, entre otros, afirmó el jefe de la Unidad Anticrimen, Jhonny Aguilera.
Sin embargo, Aguilera explicó ayer en la Red Uno que de los 13 arrestados, seis fueron aprehendidos y siete fueron dispuestos en libertad, porque estaban en calidad de testigos. “Desde el punto de vista material se logró constatar la existencia de indicios o elementos que permiten asumir la existencia de hechos irregulares”, dijo.
 Aseguró que los testigos hicieron conocer que algunos funcionarios profesionales “habrían empleado estas dependencias para estos hechos”.
La Ministra de Salud, Ariana Campero, afirmó que se trata de “una red” que se  descubrió en esa unidad, la cual   utilizaba insumos y otros enseres para el beneficios de privados, “desviando recursos del Estado”.
Aunque no se sabe desde cuándo, el clan   comenzó a realizar ese “microcontrabando”, los testigos aseguraron que fue “desde siempre”, por lo que ahora  Meneses indicó que investigarán a los denunciados desde la fecha que ingresaron a trabajar, es decir hace  unos 20 años atrás.
 Ante esa situación, la CNS inició una auditoría para identificar el daño que se generó, no sólo al Estado, sino a los pacientes asegurados, ya que  los perjudicó porque postergaban sus resultados en tres, seis y nueve meses  y eso  produjo “insatisfacción”, especialmente a aquellos que debían realizar exámenes de muestras de cirugías de vesícula, oncológicos y otros.
Meneses explicó que el clan vulneró al menos tres sistemas de seguridad que tenía la institución para estos hechos irregulares en beneficio de particulares. “Tenemos sistemas de control internos que han sido vulnerados y otros no estaban activos”, precisó Meneses.
Entre los sistemas vulnerados están el de información y reporte diario que realiza el personal, la cuantificación de insumos que se utilizan y la vigencia de derechos donde deberían ingresar solamente los pacientes, pero en este caso  no necesariamente entraba el paciente, sino una muestra que puede entrar en el bolsillo o la mochila.
Además aseguró que dentro del sistema de información y reporte diario se identificó que se reemplazaban pacientes. “Por ejemplo, a nombre de uno ingresaban exámenes A, B, C, D, E, F, G, H, cuando nos dimos cuenta el paciente nunca se hizo esas pruebas”, dijo.
Meneses resaltó que ahora, no sólo esta unidad es investigada, sino otras, porque hay “varios servicios involucrados” y también “otros hospitales con similares investigaciones”, sin embargo detalló que harán una lucha frontal a la corrupción, como instruyó el Gabinete Ampliado.
En tanto, Campero solicitó a las autoridades de los entes gestores realizar investigaciones.
Fuente: Pagina Siete